Por Rafael Robledo
Toluca, 2 de febrero de 2026 – En el marco de la inauguración del Tren Interurbano El Insurgente que conecta México y Zinacantepec, han surgido fuertes críticas sobre las tarifas anunciadas para su operación. A pesar de la importancia de este nuevo sistema de transporte, se ha dejado fuera a un sector vulnerable: los adultos mayores y las personas con discapacidad, quienes no tendrán acceso a tarifas preferenciales, un beneficio que sí se contempla en otros sistemas de transporte público en la capital y el Valle de Toluca.
Ismael Luna Sosa, representante social del transporte en Toluca, fue quien alzó la voz para denunciar públicamente esta situación. “En este momento y en este día, me causa estupor la tarifa que le pusieron al tren interurbano México-Toluca. Creo que es elevado y es una inversión de empresarios mafiosos, porque no creo que sea de otra manera”, afirmó.
Luna criticó la falta de atención por parte de las autoridades, señalando que la presidenta de la República no impuso restricciones adecuadas a los empresarios para establecer tarifas justas. Asimismo, expresó su desacuerdo con la gobernadora del Estado de México, a quien considera una figura decorativa en la toma de decisiones. «Nos arrepentimos de haber votado por esta señora porque verdaderamente no ha hecho nada y no tiene vocación política. El Estado de México está cansado de tanta corrupción”, agregó.
La denuncia enfatiza que la omisión de tarifas especiales afecta directamente a la economía de sectores vulnerables que ya enfrentan dificultades. “Quiero enviar un mensaje claro: a los señores de la tercera edad y a las personas con discapacidad no se les contempló en el cobro de esta tarifa”, remarcó Guzmán, quien hizo un llamado a las autoridades a reflexionar sobre su responsabilidad en este proyecto.
La situación ha generado preocupación en la comunidad, ya que la falta de acceso a tarifas preferenciales puede restringir el uso del tren a quienes más lo necesitan. Con la inauguración del Tren Interurbano El Insurgente, se esperaba un avance significativo en la movilidad de la población, pero la realidad apunta a que la implementación de este servicio podría estar favoreciendo a grupos de poder en detrimento de los ciudadanos más vulnerables.
Esta denuncia pone de relieve la urgencia de revisar las políticas tarifarias y garantizar que todas las poblaciones tengan acceso equitativo a los beneficios de la infraestructura pública, en especial aquellos que enfrentan mayores dificultades económicas.
